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El constitucional avala que no se pague plusvalía si hay pérdidas al vender el inmueble

​Últimamente el impuesto municipal de plusvalía ha sido muy cuestionado especialmente cuando se han realizado ventas o transmisiones de terrenos con pérdidas, ya que el impuesto municipal grava precisamente el incremento del valor de los terrenos, de naturaleza urbana.
 
​Finalmente, el pasado 11 de mayo de 201, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó, por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al considerar que el impuesto vulnera el principio constitucional de capacidad económica, en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.
 
Con anterioridad el mismo Tribunal Constitucional ya publicó dos sentencias que declaraban inconstitucionales y nulas las Normas Forales de Àlava y de Guipúzcoa argumentando los mismos motivos de vulneración del principio de capacidad económica y la afirmación de que no pueden someterse a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.
 
El Tribunal Constitucional impone al legislador realizar una reforma de la Ley de Haciendas Locales y no autoriza a gravar riquezas ficticias e inexpresivas de capacidad económica.
 
Dichas sentencias son importantes porque abren la posibilidad de recuperar las cantidades pagadas por dicho impuesto municipal siempre que se pueda probar que se no ha existido incremento de valor.
​La pérdida del terreno se deberá probar y será necesario aportar un dictamen pericial para asegurar el éxito de la devolución de las cantidades ingresadas, más los correspondientes intereses de demora. Para muchos tribunales el precio escriturado no es prueba suficiente del valor real del inmueble transmitido.
 
​Es importante recordar que solamente se podrá recuperar las cantidades correspondientes a liquidaciones que no estén prescritas y que no sean firmes.
Básicamente los pasos a seguir para recuperar los importes ingresados de forma improcedente son los siguientes:
 
Inicio de la vía administrativa con la de solicitud de rectificación de la autoliquidación y petición de devolución de ingresos indebidos, ante el Ayuntamiento, cuantificando la cantidad objeto de devolución.
 
En el supuesto de desestimación de la petición por parte del Ayuntamiento se puede presentar Recurso de Reposición o reclamación económica en su caso.
 
​En el supuesto de que los Ayuntamientos no cursen la devolución se puede iniciar la vía judicial, con la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo.
 
Se recomienda presentar la solicitud lo antes posible para interrumpir el plazo de prescripción y poder recuperar lo pagado, cuanto antes.
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