COVID–19 – MEDIDAS MERCANTILES URGENTES- Art. 40 del REAL DECRETO 8/ 2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDID

Con ocasión del estado de alarma decretado por razón del Coronavirus, el Gobierno español ha dictado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, con entrada en vigor el 18 de marzo (https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf).

En el presente artículo nos centraremos en una de sus medidas, que es la regulación de determinados aspectos mercantiles, de especial trascendencia, que afectan a las personas jurídicas.

Consideramos de interés apuntar las siguientes:

Plazos para formular las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2019 La norma general es que si la compañía cierra el ejercicio a 31 de diciembre, el plazo de formulación de las cuentas anuales finalice el 31 de marzo de 2020. Este plazo queda suspendido y se prorroga tres meses más, a contar desde la finalización del estado de alarma.
Informe de auditoría En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada a auditar sus CCAA, ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de dichas CCAA por parte de un auditor, se entenderá prorrogado por dos meses más a contar desde que finalice el estado de alarma.
Decisiones y reuniones de los órganos de gobierno o de administración. Con independencia del contenido de los estatutos sociales, las reuniones de los órganos de administración de las entidades mercantiles se podrán realizar por video conferencia, siempre que se asegure la autenticidad de los asistentes y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. La sesión se entenderá realizada en el domicilio social.

Los acuerdos de los órganos de gobierno de las entidades mercantiles se podrán adoptar mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo soliciten, al menos, dos de los miembros del órgano. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social.

Dichas medidas serán igualmente aplicables a los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones.

Junta General Ordinaria para la aprobación de las cuentas anuales La norma general es que la junta general se reúna dentro de los primeros 6 meses del ejercicio desde su finalización, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

No obstante, en la situación actual, la junta general que apruebe las cuentas anuales del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales, atendiendo a lo establecido anteriormente en la formulación de cuentas anuales.

Si la convocatoria de la junta general para aprobar las CCAA, se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, en la página web de la sociedad y, si la sociedad no tuviera página web, en el «Boletín oficial del Estado».

En el caso de las Sociedades de Responsabilidad Limitada no lo prevé expresamente, pero por analogía, entendemos que podrá seguirse este proceso cumpliendo los requisitos de la forma de convocatoria que prevean los estatutos sociales.

En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma. El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y levante acta de la reunión podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.

El derecho de separación En las sociedades de capital no se podrá ejercitar el derecho de separación de socios y accionistas hasta que finalice el estado de alarma y sus prórrogas, aunque la exista causa legal o estatutaria.

Disolución en el caso de que transcurra el término de duración de la sociedad En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado.

Situaciones de insolvencia. En el caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.

Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo. Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso.

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